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Los tribunales aún no han dicho la última palabra sobre la condena a dos años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave.
- ¿Tiene que ingresar forzosamente en prisión?
- No. El Código Penal permite a jueces y tribunales suspender la ejecución de las penas de prisión que no superen los dos años. Y en la práctica así sucede en la mayoría de los casos. La ley dice que podrá suspenderse si es "razonable" pensar que no hace falta que el condenado que pase por la cárcel para evitar nuevos delitos. Y que deberán valorarse las circunstancias del delito, así como las personales del condenado y su entorno familiar y social. También su conducta posterior, en particular la reparación del daño. En el caso de Borja, todo apunta a la suspensión: no tiene antecedentes, tiene trabajo y un entorno estable y ha pagado una parte -aunque pequeña- de la indemnización además de comprometerse a pagos periódicos en el futuro.
- ¿Ha ordenado ya el juez el ingreso en prisión?
- Tras comprobar que la condena era ya firme al haberse rechazado los recursos, lo que ha hecho el juzgado de lo Penal 9 de Málaga es activar la ejecución de la sentencia que dictó en diciembre de 2018. La defensa ha presentado una petición de suspensión de la ejecución de la pena. El juzgado ha dado traslado a las partes personadas (el fiscal y dos acusaciones particulares) para que opinen sobre la suspensión. Con sus informes sobre la mesa, el juez resolverá. Además, su defensa aseguró ayer que ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional. En el improbable caso de que se admitiera a trámite, el TC también podría suspender la ejecución de la pena mientras estudia el caso.
- ¿Puede suspenderse también el pago de la indemnización impuesta?
- La suspensión sólo es aplicable a las penas privativas de libertad, no a la responsabilidad civil fijada en una condena. En este caso, el juzgado impuso la cantidad que pedía el fiscal: 180.000 de indemnización que deberá pagar a las hijas del fallecido.
- ¿Qué postura ha adoptado la Fiscalía?
- En el juicio celebrado en 2018 el Ministerio Público reclamó una condena de dos años y medio de prisión (el homicidio por imprudencia grave se castiga con penas de uno a cuatro años). Al superar los dos años, eso suponía el ingreso ineludible en la cárcel, lo que apunta a que el fiscal no estaba pensando tanto en un joven altruista como en un portero de discoteca que actuó violentamente sin necesidad para recuperar un bolso. El juez dejó la condena a dos años, lo que suele indicar que es partidario de la suspensión. El miércoles la Fiscalía informó de que respalda la petición de Borja de no tener que entrar en prisión.
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