Más de 15.000 jeringuillas en las zonas infantiles del Besòs

Sant Adrià lanza un SOS por la situación de degradación y el consumo de droga en La Mina

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El barrio de la Mina

Llibert Teixidó

“La situación en la Mina es insostenible”. Así de contundente es el alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, cuando describe la dramática situación que se vive en este barrio de 14.000 personas, que suponen el 27,9% de la ciudad. Ante el silencio de las administraciones, el responsable municipal ha elevado hoy la queja ante el Parlament “para exponer nuestra preocupación por la situación desesperada que vive la Mina con la venta y el consumo de droga”. Un barrio que, recuerda el alcalde, “es una herencia histórica de Barcelona para erradicar el barraquismo”.

Las estadísticas sobre salud pública y drogas en el barrio de la Mina son sobrecogedoras. Por la sala de venopunción del barrio, durante el 2018, han pasado 3.909 personas. En el 2016 se contabilizaron 741. Los consumos autorizados de venopunción fueron 87.595 (8.371 en el 2006). El servicio tiene más usuarios que el total de las ocho salas de Barcelona, lo que significa que el barrio soporta una presión por el consumo de droga superior a toda una capital de más de un millón y medio de habitantes. En el 2017, Sant Adrià pasó de 58.000 a 86.407 asistencias mientras que en el total de las salas barcelonesas se redujo a 29.949. De los usuarios atendidos, el 67,2% son de Barcelona, y sólo el 2,5% del Besòs.

“No podemos aguantar la presión del consumo de droga que nos llega de fuera”, lamenta el alcalde. “Los vecinos de la Mina no tienen garantizados sus derechos elementales” ya que sus calles son un campo de tráfico de drogas, una situación agravada por la presión sobre los narcopisos de Barcelona y la falta de efectivos policiales en el área policial de la Mina. El parque del Besòs es para los vecinos el ejemplo más claro. En sus instalaciones de juegos infantiles, en el 2018, se llegaron a recoger 15.699 jeringuillas usadas, lo que representa un incremento del 30,4% respecto al año anterior.

La sala de venopunción del barrio tiene ocho veces más usuarios que todas las de Barcelona

Lo que enerva a Callau es sentirse ignorado por las administraciones competentes. “El conseller de Interior, Miquel Buch, no me ha querido recibir”. El alcalde define la convivencia en la Mina como “un calvario para los vecinos”. Entiende que “erradicar la droga es difícil, pero debemos exigir que nuestro espacio público esté controlado.

Sant Adrià de Besòs, con un territorio de 3,8 km2, tiene una población de 37.000 habitantes, de los que 14.000 viven en la Mina. El 32,85% de las rentas está por debajo del umbral de la pobreza. Los datos indican que la desigualdad es más baja que la media de Catalunya.

El parque de vivienda en Sant Adrià es de 14.747 pisos, de los que el 34,8% son de protección oficial. En la Mina vive el 28% de la población de la ciudad, y de los 3.862 pisos del barrio el 92% son protegidos. La deuda pendiente de las familias de estas viviendas oficiales es de 2,2 millones de euros. Pese a ello, el Ayuntamiento sigue prestando los servicios básicos comunitarios (seguros, electricidad, ascensores, reparaciones...). La educación se mantiene como uno de los retos. Un 6,2% de la población de la Mina no sabe leer ni escribir y el 27,1% no ha finalizado los estudios primarios. El absentismo escolar en los centros se sitúa en torno al 40% y llega al 76,9% en los colegios de secundaria.

Ante la realidad de la Mina, desde Sant Adrià entienden que ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento de Barcelona ni las administraciones supramunicipales pueden ignorar la grave situación que se vive en el margen derecho del Besòs.

El bloque Venus, el paradigma de la degradación

El bloque de viviendas de la calle Venus es el símbolo de la decadencia en el barrio de la Mina. Cuenta con 244 viviendas repartidas en seis escaleras. El 65% de los residentes están catalogados como personas vulnerables socialmente. El 42% están atendidos por los servicios sociales. El 16% de las viviendas está ocupado por plantaciones de marihuana. El 23% de los residentes no tiene ingresos regulares. El 6% vive de la venta ambulante. Entre los problemas sociales destacan la discapacidad de los residentes (24%), los problemas de salud mental (18%) y la extranjería irregular (15%). El 42% de los inquilinos no tiene estudios. El 75% de los pisos dispone de conexión eléctrica ilegal, mientras que los que se conectan irregularmente al agua son el 10%. Los que mantienen deudas de gastos a la comunidad son el 54%, y los que tienen la vivienda en un estado defectuoso, el 33%. Las ocupaciones irregulares son el 31%.

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