Carles Puigdemont llevaba unos seis meses en el cargo. El referéndum se situaba en un horizonte aún lejano. Acababan de celebrarse las elecciones generales de junio del 2016 y el PSOE y Podemos negociaban un acuerdo de investidura para echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Los independentistas se planteaban si apoyar a Pedro Sánchez y propiciar así un cambio en la presidencia del Gobierno que favoreciera una negociación con la Generalitat para encauzar el proceso soberanista. El convergente Francesc Homs estaba dispuesto a votar al socialista a cambio de crear una comisión parlamentaria que abordara el conflicto catalán. En cambio, ERC condicionaba ese respaldo a un compromiso de Sánchez sobre el referéndum, aunque era previsible que, en el último momento, los republicanos no apuntalarían a Rajoy en el poder. Pero las desconfianzas mutuas cegaron esa vía. Y, pocos meses después, Sánchez era descabalgado por sus compañeros de partido, Homs era enviado a juicio por el 9-N y Puigdemont anunciaba su “referéndum o referéndum”.
Aún se produjo otro intento del independentismo de cambiar el curso de los acontecimientos. Aprovechando la presencia de Sánchez en Barcelona para asistir a la manifestación del 27 de agosto del 2018 contra los atentados yihadistas, Puigdemont le invitó a almorzar la víspera e intentó convencerle sin éxito de la moción de censura. El día de la manifestación cenaron Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en Barcelona, en casa del empresario Jaume Roures. En este caso, los interesados en la moción de censura no eran tanto los republicanos, que buscaban más el apoyo de los comunes al 1-O, sino Iglesias, que insistía en que el panorama político en España podía dar un vuelco si convencían a Sánchez de presentar la censura. Pocas semanas después, el Parlament aprobaba las leyes de desconexión y de referéndum. Y el independentismo se metía de lleno en la vía de la ruptura unilateral.
El conflicto catalán condiciona la política española más de lo que en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados se suele admitir. Al mismo tiempo, cualquier salida al callejón en que se halla Catalunya pasa necesariamente por Madrid, aunque tampoco en Barcelona se asuma esa premisa en público.
Puesto que Rajoy sólo ha dado muestras de abordar este asunto por la vía judicial, parecería que a los independentistas les convendría llevar a Sánchez a la Moncloa. De ahí que el PDECat y ERC no hayan dudado en dar su apoyo sin contrapartidas. Pero el bloque independentista no es homogéneo. La mayoría de diputados en el Congreso priorizan la salida de Rajoy y contemplan la posibilidad de intentar un diálogo con Sánchez, pero el sector más cercano a Puigdemont no pondría las cosas fáciles al socialista y exigen un giro radical a quien ha tildado de “racista” al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Aun así, se han producido dos gestos que, por ínfimos que parezcan, son relevantes: el primero, que Sánchez ha aceptado los votos del independentismo sin que, por el momento, en su partido se haya organizado un motín. Y el segundo, que los votos del PDECat y ERC en el Congreso vuelven a ser útiles después de años de permanecer en una infecunda hibernación. (Paréntesis: es probable que el PNV, que rentabiliza sus cinco votos como nadie, reste a la expectativa y espere a ver si el invento de Sánchez tiene futuro para decidir si se suma).
Rajoy y los suyos ya comenzaron ayer a esgrimir el espantajo del apoyo independentista a Sánchez para descalificarle con el argumento de que es capaz de pactar incluso con quienes quieren romper España con tal de llegar al poder. Rivera no tardará en seguir sus pasos. Catalunya volverá a ser la munición de la política española, en lugar de formar parte de una solución.