Llegamos al 9-M desgobernados

España se despertará mañana sin estar sometida al estado de alarma por primera vez en los últimos 196 días. El Gobierno volvió a recurrir al artículo 116 de la Constitución el pasado 25 de octubre, ante la imposibilidad de doblegar la curva de contagios de la segunda ola, que sobrevino tras un verano en el que se relajaron las medidas sanitarias para salvar la temporada turística. Dos estados de alarma, pero muy diferentes.

Este segundo, más prolongado que el primero que se decretó en marzo de 2020 con el confinamiento domiciliario como seña de identidad, ha sido igualmente excepcional, pero, sin embargo, más suavizado, caracterizándose por su amparo como paraguas legal para que las Comunidades Autónomas pudieran hacer frente a la crisis sanitaria en virtud de sus diferentes situaciones epidemiológicas. Esta ha sido también una importante seña de identidad de esta segunda fase, la delegación del Gobierno en los territorios de la gestión de la pandemia.

Tras sufrir el desgaste político y parlamentario de gestionar el primer estado de alarma, Moncloa anunció a finales de verano que, aquellos territorios que lo demandasen, podrían pedir la aplicación de la excepcionalidad en sus regiones y que el Gobierno las apoyaría con sus votos en la tramitación en el Congreso.

La maniobra buscaba que, aquellos feudos del PP que pedían limitar derechos fundamentes obligaran a su jefe de filas en Madrid, Pablo Casado a retratarse y apoyar la medida que tanto había criticado en el pasado. No ocurrió. El Gobierno volvió a imponer una excepcionalidad global, con la abstención de los populares, convirtiendo a las CC AA en autoridades delegadas para gestionar la alarma. Y convirtiéndose, el Ejecutivo, en cómplice de sus éxitos, pero, sobre todo, de sus fracasos.

La gestión del estado de alarma ha sido una contradicción constante. Si bien el Gobierno defendió con vigor la excepcionalidad como una «herramienta útil» para vencer al virus y la única arma constitucional capaz de limitar los derechos fundamentales. Con la llegada del anuncio de su levantamiento este próximo 9 de mayo, el Ejecutivo cambió el guion y aseguró que los tribunales de justicia pueden «auxiliar» a las regiones en esta restricción, avalando los toques de queda o cierres perimetrales que fijen, sin necesidad de recurrir al amparo constitucional. El caos judicial ya ha comenzado con jueces que los avalan en Baleares o Comunidad Valenciana y no en el País Vasco. «Hasta ahora ha sido el Gobierno el que ha asumido en exclusiva todas las responsabilidades jurídicas. Ahora todo el mundo tiene que ayudar», señaló ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, en alusión a las CC AA y al Tribunal Supremo, ahora que el Alto Tribunal es el encargado de unificar la doctrina y resolver los recursos de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos..

La misma Carmen Calvo que en una comparecencia en el Senado hace justo un año se comprometió a alumbrar una legislación alternativa al estado de alarma, para no tener que recurrir a la excepcionalidad en caso de nuevas olas. El Gobierno incumplió esta promesa –dice que, por problemas jurídicos–, a pesar de que tenía los votos para sacarla adelante y de que el propio PP se ha ofrecido a apoyar un «plan B» al estado de alarma.

Los últimos de Europa

Sin embargo, las razones del Ejecutivo son bien distintas. La primera es que España es el único país de nuestro entorno europeo que mantiene el estado de alarma, después de que Francia y Portugal lo hayan levantado hace semanas. A esto se suma que Sánchez realizó el anunció del fin de la excepcionalidad en plena campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid, en las que el Gobierno central confrontaba su gestión de la pandemia con la de Isabel Díaz Ayuso y quería concurrir a esta pugna electoral desactivando el discurso de «libertad» de la presidenta madrileña. Para ello, era necesario trasladar a la población un horizonte próximo de optimismo y sin restricciones.

En Moncloa lo fían todo a la campaña de vacunación y el efecto que esta inmunización está teniendo en la contención de la pandemia. No está sobre la mesa del Ejecutivo que la situación de la pandemia vuelva a descontrolarse, por lo que no valoran tener que volver a recurrir al estado de alarma. Consideran, además, que no se puede dar la condición de «normalidad» a la limitación de derechos fundamentales. «No se debe prolongar en el tiempo algo que es excepcional», señalan fuentes gubernamentales a este diario.

Según argumentan estas mismas fuentes, las CC AA tienen suficientes instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia en esta fase, en la que la vacunación va en aumento y la incidencia, en descenso. Unas herramientas que no lo eran, cuando solo el estado de alarma podía responder a la emergencia sanitaria. En esta actitud de delegación de la responsabilidad, el Gobierno diluyó el poder de decisión de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, un conclave de reunión semanal con presencia de los 17 consejeros de sanidad de las comunidades y ciudades autónomas, –heredero de las conferencias de presidentes, al más alto nivel, que Sánchez presidía cada fin de semana del primer estado de alarma–.

En el seno de la Interterritorial de Salud se han ido tomando medidas sanitaria durante esta segunda etapa. El órgano colegiado impuso los cierres perimetrales y toques de queda, pero bajo el paraguas del estado de alarma que ha regido durante los últimos 196 días. Ahora, Moncloa considera que sin esta «arma constitucional», según sus propias palabras, también se podrán mantener las mismas restricciones. Una consideración a la que se han opuesto algunos Tribunales Superiores de Justicia y que tampoco ve claro el Supremo.