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Papeles de Bárcenas

La UDEF pide al juez investigar 571 millones de euros adjudicados por organismos del PP entre 2002 y 2004

La Policía sospecha que los 258.000 euros que un condenado en el caso Gürtel donó al partido pueden guardar relación con licitaciones de Fomento, Adif, Defensa y la Agencia Tributaria –entre otros– en la recta final del Gobierno de Aznar

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en una imagen de archivo ABC
Javier Chicote

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La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha presentado un informe al juez José de la Mata en el que propone investigar un total de 571 millones de euros en adjudicaciones de organismos estatales a Constructora Hispánica entre los años 2002 y 2004, la recta final del Gobierno de José María Aznar .

Los agentes de la Policía Judicial han hecho esta petición al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, responsable de las pesquisas de la pieza de la caja B del Partido Popular , partiendo de la sentencia de la denominada Época Uno del caso Gürtel. El que fuera presidente y accionista de la citada constructora, Alfonso García de Pozuelo, fue condenado a dos años de prisión sustituibles por multa tras reconocer un delito continuado de cohecho, consistente en pagar comisiones a Francisco Correa para obtener contratos públicos.

Al margen de esas comisiones finalistas, a cambio de adjudicaciones, la contabilidad de Luis Bárcenas refleja que el empresario donó al PP entre los años 1998 y 2006 un total de 258.161,94 euros . Partiendo de estas entregas, los agentes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción realizan el siguiente «análisis relacional»: «A partir de la información señalada es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por parte de Alfonso García Pozuelo ya sea a través de Francisco Correa Sánchez o directamente a Luis Bárcenas que engrosaban la cuenta analítica de ingresos por donativos y su aplicación en concepto de gastos, y las adjudicaciones públicas recibidas por parte de la sociedad Constructora Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el partido Popular de carácter subjetivo».

El informe, datado el pasado 24 de noviembre, al que ha tenido acceso ABC y que adelantaba hoy «El País», sostiene que « las entregas de dinero realizados entre 2002 y 2006 son coetáneas con los procesos de tramitación de los expedientes de contratación de los que resultó adjudicatario (...) concurriendo en solitario o asociados con otras sociedades cuyos responsables también figuran como donantes de fondos«.

Gran contratista

El Grupo Assignia, que es el nombre de la antigua Constructora Hispánica y que tiene diferentes propietarios, entregó al juzgado un listado de toda su contratación con Administraciones Públicas entre los años 2002 y 2009. Fueron 480 contratos que suman casi 2.400 millones de euros. Las administraciones –central, autonómicas o locales– gobernadas por el PP supusieron el 48,12% del número de adjudicaciones y el 59,73% del volumen económico de contratación, algo más de 1.400 millones de euros.

La Policía Judicial ha realizado un cribado de estos contratos y propone al juez que requiera a los organismos adjudicadores los expedientes de 23 licitaciones públicas que suman 571.027.643 euros . Se trata de organismos de la Administración Central, porque tanto García Pozuelo como Francisco Correa señalaron al Gobierno Central en el juicio de Gürtel que dirimía sus responsabilidades en contratos locales.

Los mayores volúmenes pertenecen al Ministerio de Fomento , cuyo titular en esas fechas era Francisco Álvarez Cascos. Entre las obras que la UDEF quiere revisar está un tramo de la autovía de Levante a Francia que costó casi 70 millones de euros. El resto de administraciones públicas a las que señala el informe son, en el orden en el que aparecen en el informe: la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el Ministerio del Interior, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), el Ministerio de Defensa, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), Renfe, las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadalquivir, y los ministerios de Educación y Medio Ambiente.

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