Primero, una revisión panorámica del pasado reciente. Presidentes de la Comunidad de Madrid desde el 2003, cuando se inaugura la desleal política de desleal competencia fiscal. Esperanza Aguirre (2003-2012). Durante su presidencia se registran los más graves casos de corrupción urbanística y política en España: partido, ayuntamientos, Comunidad. Ella misma acabará imputada por la justicia. En la cima de la trama. Deja el cargo acosada por esos expedientes. Ignacio González (2012-2015) Delfín de Aguirre. Detenido y encarcelado por cobrar comisiones ilegales, cobijadas en cuentas en el exterior. Otro tanto con el otro hombre de confianza de la expresidenta en el gobierno regional, Francisco Granados. Cristina Cifuentes (2015-2018) También dimitida tras un rosario de escándalos. Y asimismo imputada. Resumen, todos los presidentes madrileños durante quince años, del 2003 al 2018, en los tribunales por causas de corrupción mientras estaban al frente de la Comunidad.
De Madrid a Barcelona. Presidents de la Generalitat. Pasqual Maragall (2003-2006). Primer tripartito. Agitado, convulso, la montaña rusa. Desgobierno y pugna interna. José Montilla (2006-2010), segundo tripartito. En el arranque de la Gran Recesión, caída de la recaudación, gastos disparados y bonos patrióticos. Primeras angustias presupuestarias. Artur Mas (2010-2016). Inicio del procés y hundimiento de la economía, Generalitat en bancarrota. Gestión económica en manos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Coletazos del 3%, la corrupción endémica de la administración catalana. Condenado, después, por malversación para financiar la consulta del 9-N del 2014. Carles Puigdemont (2016-2017). Referéndum del 1-O del 2017. Destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155 de la Constitución. Joaquim Torra (2018-2020), vicario del anterior. Inhabilitado por el TSJC por negarse a retirar a tiempo una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat. Tres de los últimos presidentes encausados; dos condenados; dos destituidos.
La presidenta madrileña utiliza el debate fiscal para propulsar su asalto al poder central, como hizo Aguirre
Dos balances de gestión francamente deplorables. No es fácil acordar sobre cuál es peor y más negativo para la economía. Consideraciones políticas e ideológicas al margen, cada cual puede escoger la que más le convenga, cuesta detectar rasgos de excelencia en el quehacer político en ambas comunidades. Si el procés ha afectado a la economía, algo que a estas alturas sería temerario negar, también cabe esperar que la sucesión de administraciones corruptas y venales en Madrid tenga consecuencias negativas sobre su economía.
¿Por qué no se ha deslocalizado actividad productiva desde Madrid a Toledo o a Valladolid, capitales de las dos Castillas? ¿O a Sevilla, Bilbao o Valencia, motores también de la economía española? ¿La economía, las empresas y las inversiones, huyen solo de los procesos separatistas y, en cambio, acuden en tropel a la llamada de la corrupción institucionalizada? Tampoco ahí debe estar la respuesta, pues Catalunya andaba, ella también, bien servida de esta lacra.
Con demasiada ligereza se han apuntado siempre los líderes populares madrileños al autobombo de su excelente gestión, la pretendida clave del éxito. También la actual inquilina de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso.
Habría que preguntarse si la administración capitalina no desempeña un papel mucho más subalterno, comparado con otras autonomías, respecto a la del Estado. Esas son las circunstancias de la vida madrileña: un territorio alberga las instituciones o poderes claves del Estado, desde el Ejecutivo, al judicial, incluidas las fuerzas de seguridad y defensa. Sus pecados, la corrupción, no hacen temblar los pilares del Estado. Apenas se castigan. La administración madrileña es un conducto más de la del Estado. El dinero circula a través de las dos sin solución de continuidad, sin llaves de paso que regular. Usufructo de excedentes que genera un Estado obsesivamente centralista en el ámbito económico. Sobre ese margen construye Madrid su agresiva política fiscal.
La habilidad del PP madrileño ha consistido, primero, en vender esa prodigalidad impositiva como resultado de su buen hacer. Segundo, en transformarla en piedra filosofal de un ambicioso proyecto de cohesión social, ideológica y política. Un modelo seductor. ¿A quién no le gusta pagar menos?. El único problema es que llevaría al Estado a la ruina si se aplicase en todo el territorio, como bien sabían los ministros del PP cundo estaban en el Gobierno.
Teniendo a todos los expresidentes imputados por corrupción, atribuir la bonanza a la gestión es cínico
Ser la matriz de un discurso tan ambicioso, ha llevado a todos los líderes populares de la comunidad a soñar con asaltar el cielo, tomar el poder en el partido y después, la presidencia del Gobierno. Alberto Ruiz-Gallardón, acarició la idea, pero no dispuso de las palancas necesarias; Aguirre lo intentó abiertamente, identificó la herramienta, el brazo financiero, la Caja Madrid de Miquel Blesa, pero se le escapó en el último momento, cuando se la pidió para sí mismo Rodrigo Rato. Ahí comenzó la decadencia de la lideresa.
Ahora, llega Ayuso. Sigue el mismo guion al pie de la letra. La batalla fiscal, también la de la pandemia, son los turbopropulsores de su candidatura. Quiere atraer sobre ella todas las denuncias, justificadas o no. También en el caso de los efectos de los bajos impuestos de su comunidad sobre el resto. Cuánto más los baje y más incendie a los perjudicados, mejor para su proyecto. Más se esculpirá su perfil de referencia dura de la derecha.
Pero, en conjunto, su responsabilidad no es tan mayúscula. Tras ella, late un Estado que suspira por controlar los flujos económicos. Ayuso, como otros antes, es en parte una pantalla que ocultar la pereza de los gobiernos de turno, a los que abruma la tarea de reformar el Estado.
Al final, la realidad es que será muy difícil avanzar si el relato se define en torno al deseo de que Madrid pague más. Engrandecerá a Ayuso, sin solucionar el problema. Hay que pensar en una reforma fiscal completa, en el cuadro de un nuevo modelo de financiación territorial y de relaciones políticas. Con un Estado muy endeudado. Pero es el único camino, si tal cosa existe. Esa es la gran batalla política, de la que depende un hipotético futuro de paz territorial.