El Gobierno propone que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos

El turismo ha pasado de ser considerado una oportunidad de crecimiento para las ciudades a convertirse en uno de los principales temores de los vecinos, en buena medida, debido al auge de las viviendas turísticas que han expulsado a muchos residentes de los centros de sus ciudades. Un problema, que tanto comunidades como ayuntamientos decidieron regular y, que ahora el Gobierno prevé controlar con una rebaja de la mayoría necesaria para cambiar los Estatutos de las comunidades de vecinos.  

Las competencias en materia de ordenación turística corresponden a las Comunidades Autónomas y sobre urbanismo a los Ayuntamientos, por lo que el Gobierno encontró como única salida para regular las viviendas turísticas echar mano de la definición de ‘alquiler de temporada’ en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y ceder el protagonismo a los vecinos a través de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). No obstante, y aunque ambas son competencia estatal, la ministra Reyes Maroto anunció el pasado julio que la modificación de estas leyes se haría con el consenso de todos los implicados: Comunidades Autónomas, municipios, asociaciones de vecinos, plataformas, hoteleros y sindicatos.

Los pisos turísticos crecen en medio de un caos regulatorio

La primera reunión de todos estos agentes tuvo lugar este martes en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, en ella, los representantes de las comunidades autónomas –entre ellos la subdirectora de ordenación e inspección turística catalana, Ana Martínez- y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en presencia de Fomento, acordaron "por unanimidad" rebajar la mayoría necesaria para que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren o no viviendas turísticas, aunque no la cuantía. "Todas las CCAA tienen interés en la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para cambiar la mayoría necesaria para la toma de decisiones de este tipo y de cualquier otro en las comunidades de vecinos”, precisó la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, en un receso de la reunión que se prolonga hasta mañana cuando intervendrán Airbnb y la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT).

En este momento se necesita unanimidad para poder alquilar una vivienda turística en una finca, es decir, con que solo un vecino quiera alquilar su piso para uso turístico puede hacerlo, por lo que el Gobierno ha propuesto a las Comunidades Autónomas y a la FEMP cambiar la mayoría en la Ley de Propiedad Horizontal a 3/5 de propietarios y cuotas de participación (esto es de metros cuadrados de superficie en propiedad). En caso de que saliera adelante esta propuesta, se enviaría a Fomento, que es quien tiene competencia para modificar ambas leyes (LAU y LPH) y, posteriormente, al Congreso de los Diputados.

'Alquiler de temporada'

El ministerio también planteó la modificación de la LAU para "acotar" el término de alquiler de temporada con el propósito de establecer un límite que diferencie entre alquileres de corta estancia –un representante autonómico habló de 45 días- de los arrendamientos de la LAU que tienen un tiempo de tres años prorrogable, aunque este aspecto no ha encontrado consenso todavía, según Oliver.

En lo que seguro no se va a meter el Estado es en determinar si se pueden alquilar viviendas enteras o por habitaciones. "Eso lo dicen las comunidades autónomas porque es su competencia", agregó Oliver, quien ha dejado "muy claro" que "no va a haber una armonización" de las leyes a nivel nacional.

Registro estatal

El Gobierno, además, ha propuesto la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación para que las comunidades autónomas verifiquen que las viviendas turísticas cumplen su normativa y que estará conectado con los ministerios de Interior y Hacienda, para así garantizar la seguridad y las obligaciones tributarias de los alquileres.

Por otra parte, Oliver ha anunciado que se reunirá el próximo mes de octubre con el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, para trasladarle al regulador la opinión de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a muchos de los cuales la CNMC ha llevado a los tribunales por su regulación turística, como es el caso de las ciudades de Madrid, San Sebastián o Bilbao. "Le trasladaremos el sentir de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a la CNMC para que no tenga en cuenta solo una parte, sino todo el abanico", precisó Oliver.