Los 66 escaños que Pablo Casado obtuvo en el Congreso en las elecciones generales del 28 de abril pusieron en peligro su capacidad para ejercer el liderazgo de la oposición, y el líder popular temió incluso que Albert Rivera llegase a hacerle sombra. Pero ahora, con los gobiernos autonómicos conformados, y tras la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid, el PP saca pecho y recuerda que sus siglas gobiernan para la mitad de los españoles, lo que le garantiza poder hacer una oposición fuerte, si no en el Congreso, sí a través de sus barones.
Tanto es así que el PP ha distribuido a través de las redes sociales un vídeo en el que exhibe su poderío: “Gobernamos ya para casi la mitad de los españoles”, y lo cuantifica: los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular acabarcan a 21.748.064 ciudadanos, sobre un total de 46.934.632. Es decir, el 46,3% de los españoles.
La política fiscal y la unidad de España estarán entre los puntos de oposición al Gobierno del PSOE
El vídeo incluye un mapa en el que destaca en azul las comunidades autónomas con gobiernos del PP, sin aludir en ningún momento a sus socios de Ciudadanos e incluso de Vox. Casado aparece en el vídeo abrazándose a los cinco presidentes autonómicos del PP, y el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, uno tras otro, desde Díaz Ayuso a Alberto Núñez Feijóo. La secuencia se cierra con un hastag #Hay Partido y lo vamos a ganar.
Esos cinco presidentes autonómicos podrán plantar cara a Pedro Sánchez, si finalmente forma gobierno, en asuntos importantes, desde la financiación autonómica hasta la oposición –que ya han iniciado algunas comunidades autónomas– a la intención del Gobierno central de poner un peaje blando en las autovías.
El presidente del PP, a pesar de la oposición interna que tiene entre los barones populares, está empeñado en hacer una política común, donde no haya grietas y que ofrezca una imagen de unidad. A través de los presidentes autonómicos, Casado quiere dar a conocer a los ciudadanos cuáles serían las políticas, sobre todo económicas, que el PP adoptaría si estuviera en el poder.
La oposición del PP a Pedro Sánchez, a través de las autonomías, no se limitará a la cuestión económica
Un ejemplo que los presidentes autonómicos populares ya han insinuado que aplicarán, como oposición a Sánchez, es el de intentar compensar, desde su poder autonómico, las alzas de impuestos que tiene ya anunciadas el líder socialista, o que al menos tenía previsto incluir en los presupuestos pactados con Unidas Podemos y que no vieron la luz, después de que los independentistas no los apoyaran.
La idea es que por cada punto que se suba un impuesto en el Estado, las autonomías del PP bajarán la misma cantidad en algunos de los tributos que son de su competencia, logrando así, y es lo que intentarán transmitir, que la presión fiscal siga siendo la misma gracias al PP. O lo que es lo mismo: Casado trasladará a los ciudadanos la diferencia en la gestión entre el PSOE y el PP, convencido de que los españoles notarán los beneficios de un futuro gobierno popular, y eso redunde en un mejor futuro electoral para su candidato.
La oposición del PP a Pedro Sánchez, a través de las autonomías, no se limitará a la cuestión económica, como ha figurado en los acuerdos que los populares han firmado con Ciudadanos para gobernar en las comunidades autónomas, como la de Madrid. Así, en ese acuerdo se establece que la Comunidad de Madrid defenderá la unidad de España, la Constitución y el Estado de las autonomías, y exigirá la utilización de todos los instrumentos del actual Estado social y democrático de derecho para “hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza contra nuestro orden constitucional, así como para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y de los espacios públicos, incluida la aplicación del artículo 155 en caso de que el Govern de la Generalitat de Catalunya siga sin acatar las leyes y los requerimientos de los órganos judiciales y constitucionales”.
Aunque la Carta Magna no otorga ningún papel a las comunidades autónomas a la hora de la aplicación del 155, ya que es un procedimiento en el que intervienen el Gobierno y el Senado, donde el PSOE tiene mayoría absoluta, las autonomías pueden realizar una fuerte presión exigiendo su aplicación si tras la sentencia del procés hay un resurgir de las posiciones independentistas. El PP, por esta vía, no podrá conseguir muchas cosas, pero al menos le hará la vida más difícil a Pedro Sánchez.