La crisis de abastecimiento global también alcanza de lleno al sector de la construcción, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los principales riesgos que las empresas y patronales valoran de cara a los próximos meses. Las consecuencias se han empezado a trasladar ya a la ejecución de los proyectos y a sus precios y las empresas advierten de que muchas obras podrían quedar en el aire si no se cubren los costes.
Sólo en los últimos tres meses, el 75,6% de las obras en España está sufriendo retrasos mientras que el 24,4% restante cumple con los plazos pero registra una subida de costes, según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). En ese mismo periodo de tiempo, el incremento del precio medio de construcción ha sido del 22,2%.
El balance hace referencia a todo tipo de proyectos, aunque la patronal se muestra especialmente preocupada por el impacto del desabastecimiento y el encarecimiento en las obras públicas y avisa de que muchas licitaciones corren el riesgo de quedar desiertas si el Gobierno no acelera la aprobación de un sistema para revisar el precio de las obras por el aumento de los costes.
"Ya hay licitaciones que han quedado desiertas ante la falta de ofertas porque se han elaborado pliegos con precios muy bajos", explica Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, quien señala dos licitaciones en Extremadura y otras dos en la Comunidad Valenciana en esta situación.
La organización apremia al Ejecutivo para que apruebe alguna fórmula que permita recuperar un sistema de reequilibrio de los precios similar al que había hasta 2007. Se trata de una reivindicación que el sector mantiene desde hace tiempo, pero ha cobrado más fuerza en los últimos meses en el contexto actual de desabastecimiento y aumento de precios.
Según su versión, el Gobierno es consciente de esta situación y tiene ya en fase muy avanzada el borrador de una norma, -"un real decreto ley", de acuerdo con la información de CNC- que introduciría dicho sistema antes de final de año. El documento contaría ya con el visto bueno de los ministerios de Transportes y Asuntos Económicos, pero está pendiente de la aprobación por parte de Hacienda.
Desde el departamento de María Jesús Montero, sin embargo, no tienen constancia del texto, si bien reconocen que es un tema que se ha abordado en recientes reuniones.
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, aseguró hace unos días que su departamento explora mecanismos de reequilibrio ante el riesgo de que los fondos europeos se queden sin ejecutar y admitió que "la revisión de precios procede en cualquier mecanismo de contratación porque hay que compartir los riesgos de una forma equilibrada".
Algunas de las compañías concesionarias de grandes obras públicas han decidido paralizar sus ejecuciones ante lo asfixiante de la situación sin que hayan sido sancionadas por ello, tal y como reconocen en CNC. "Algo que demuestra que el Gobierno es consciente de la presión que estamos soportando", apunta Fernández Alén.
Precisamente Adif, la concesionaria que antes presidía la propia Pardo de Vera y ahora está bajo la batuta de María Luisa Domínguez, es una de las más afectadas por el desequilibrio en los precios, atendiendo a la gran cantidad de proyectos ferroviarios que hay en marcha y que podrían estar por venir.
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